La gente se pregunta ¿Qué pasa en Acroarte?

Carlos Cepeda Suriel le dio este lunes el último zarpazo a la institucionalidad de Acroarte que ya venía alicaída por dos años de una gestión desastrosa cuyo único mérito a exhibir es la siembra de odio y retaliación hacia miembros que le dieron su voto a Cristina Liriano, porque entendían que la actual presidenta no tenía la mínima capacidad para dirigir esa institución. El tiempo les dio la razón.

Declarar ganadora a la plancha amarilla que terció en las elecciones celebradas el pasado 29 de junio, con un voto nulo emitido en la ciudad de Nueva York, desconociendo la validación de los candidatos de las filiales, del delegado Estuardo Arias, hombre probo, de moral indoblegable; así como del acto de un abogado y notario público de ese Estado, es una bajeza temeraria por la que Cepeda y Maura Alcántara, quien validó ese mamotreto, tendrán que verse de frente con la justicia dominicana, además de la norteamericana.

¿Por qué este ominoso fraude? Todo indica que hay cosas que pretenden no salgan a la luz pública. La directiva que preside Emelyn Baldera, cuyo secretario general es el candidato de la plancha amarilla, y la secretaria de finanzas, durante dos años no han rendido un informe financiero para que los miembros se enteren de qué encontraron, cuánto ha entrado y cuánto se ha gastado en la institución.

Es necesario saber por qué las unidades de aire acondicionado tienen ocho meses que no funcionan por falta de mantenimiento. Han convertido en depósito de tela de araña la segunda planta porque se construyó en la anterior gestión, que presidió el colega Jorge Ramos. No hay una computadora apta para trabajar, un edificio en franco deterioro y una empleomanía que cobra de manera irregular. De ahí las tantas preguntas que se hacen los miembros.

Sería saludable para ellos que se diga en qué se han invertido los ingresos por concepto de co patrocinio de premios Soberano (2018 y 2019), por las ventas publicitarias de Premio al Mérito Periodístico y otras entradas rutinarias.

Y hago estas preguntas, que se hacen los miembros sensatos y pensantes, so pena de ser suspendido de Acroarte, como se hizo en la gestión de Máximo Jiménez (esposo de la actual presidenta) y cuyo brazo ejecutor fue la actual secretaria de finanzas, en ese entonces presidenta del Tribunal Disciplinario, la cronista Wanda Sánchez, con el periodista Joseph Cáceres, quien fuera tres veces presidente de la institución y al que suspendieron por dos años con la pérdida de los derechos y deberes dentro de Acroarte.

Recordamos que junto a Cáceres también fue suspendido por un año el cronista Robert Sánchez y expulsados Aridio Castillo, Joseph Tavárez (de la filial de Santiago) y Juan Carlos Jiménez.

El Tribunal Disciplinario entendió que los sancionados y expulsados difamaron a la gestión porque pidieron cuentas claras a la entidad. Aunque causa extrañeza que tres de ellos hoy aplaudan lo que criticaron entonces.

En medio de tanta falta de eficiencia se usan ardides difamatorios pretendiendo desviar la atención de quienes solicitan aclaraciones.

Por ejemplo, han usado a miembros de la institución y amigas de programas de chismes para acusar a Fausto Polanco, candidato de la plancha azul, de causar gastos a la institución al demandar por difamación e injuria a integrantes de Los Dueños del Circo.

Pero olvidan ¡Ay la mala memoria! Primero, Fausto no demandó, demandó Acroarte, porque las difamaciones eran contra la institución y sus miembros, quienes en Asamblea, decidieron que se demandara. Y esos miembros que hoy traen el caso, pretendiendo desviar la atención con mentiras del pasado, fueron los primeros en pedir con vehemencia la demanda. La actual presidenta de Acroarte era la tesorera de la gestión de Polanco y sabe muy bien que los abogados que defendieron a la institución lo hicieron de manera gratuita.

Fausto Polanco nunca ha demandado a Acroarte, son otros los que siempre lo han hecho y eso se acaba de demostrar con esta vuelta al desconocimiento de una segunda vuelta que indefectiblemente terminará en los tribunales de la República.

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