Nairobi. EFE. Fuera de la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Nairobi acampan refugiados y solicitantes de asilo y la mayoría son miembros del colectivo LGTBI. Desde Ruanda a los dos Congos, pasando por Uganda o Somalia, su grito es el mismo: una mayor protección ante la violencia homófoba.

A escasos metros de la carretera Waiyaki Way -foco habitual de atascos en el corazón de la capital keniana-, mujeres somalís con coloridos vestidos se protegen del sol bajo un escueto árbol; madres burundesas amamantan a sus hijos; refugiados gais alzan con orgullo la bandera arcoíris. Dos de ellos se plantan un beso.

En la tierra, entre finos colchones y mantas masáis que cubren a niños dormidos, quedan todavía restos de ceniza del pasado 10 de mayo, cuando entre pequeños fuegos y humaradas de gas lacrimógeno la Policía arrestó a al menos 23 de personas por agresión y escándalo público. Los agentes aseguran que bloquearon la carretera; ellos, que actuaron de forma pacífica.

«Estamos aquí para preguntarle (a ACNUR) dónde se supone que deberíamos estar», resume la ugandesa Julie Collins Red, de 21 años y que como casi todos los presentes decidió abandonar en algún momento el campamento keniano de Kakuma -que acoge más de 180.000 refugiados- por no sentirse a salvo como una mujer transgénero.

«Viví con miedo hasta cruzar a Kenia por los numerosos asesinatos en Uganda del colectivo LGTBI (Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales)», explica a Efe Red, vestida con un abrigo de plumas rojo, medias oscuras y tacones de leopardo falso, pese al calor.

«Llegué en agosto de 2018, pero desde entonces ACNUR no ha trabajado en mi caso. Dicen que tienen las manos atadas y que es una cuestión del Gobierno (keniano)», asegura.

Aunque Kenia, al igual que otros 32 países africanos, considera la homosexualidad ilegal, sí que reconoce el derecho de asilo a quienes se sientan perseguidos por su orientación sexual o identidad de género.

Sin embargo, una vez dentro de sus fronteras les obliga a permanecer en dos áreas designadas: el campamento de refugiados de Kakuma o el de Dadaab, en el noreste del país.

«Es algo que llevamos escuchando desde 2016: casos de refugiados LGTBI en Kakuma a los que han intentado quemar en sus casas, a los que han golpeado, por lo que un gran número ha tenido que ser realojado en Nairobi o en otras partes de Kenia», confirma a Efe el investigador para África de Human Rights Watch (HRW) Otsieno Namwaya.

«Sin embargo, una vez fuera, cuando la comunidad descubre que son gais, vuelven a ser objeto de violencia y, por ello, le están pidiendo a ACNUR una mayor protección, algún tipo de seguimiento», matiza Namwaya.

SIN «SALIR DEL ARMARIO»

El congoleño Katila Paul Servent, de 29 años, lo sabe muy bien. Dejó atrás su Goma natal en 2010 y durante los ocho años siguientes vivió en Kakuma, donde asegura a Efe que en lugar de ser bienvenido sufrió amenazas, agresiones y fue encarcelado en repetidas ocasiones por la policía.

Como bisexual, llegó incluso a casarse con una mujer, con la que ahora tiene dos hijos de 8 y 9 años, a fin de conseguir cierta protección y pasar desapercibido ante las miradas ajenas.

En 2018, tras más de diez entrevistas con ACNUR y las autoridades kenianas, consiguió su estatus de refugiado, con el que hoy anhela, como los otros cientos de acampados, ser reasentado junto a su familia en un tercer país.

«Los que pagan algo de dinero, aunque no sea una gran cantidad, consiguen ser reubicados antes», critica Servant, sumándose a las voces que tachan de corrupto a este organismo de la ONU.

No obstante, el sueño de alcanzar Europa, EEUU o Australia es una opción solo disponible para una exigua minoría. Según los últimos datos de ACNUR, en 2018 solo fueron reasentados 55.692 refugiados de los aproximadamente 1,2 millones que lo necesitan: menos de un 5 % en todo el mundo.

Así, los refugiados LGTBI que no aspiran a abandonar Kenia en un futuro próximo se ven obligados a vivir de forma discreta en el seno de una sociedad conservadora, a no llamar demasiado la atención, a no «salir del armario» en público.

«Esperaba algo mejor en Kenia», reflexiona la ugandesa Aisha Nakakande, de 25 años, que se vio forzaba a huir de Uganda cuando su círculo cercano se enteró de que era lesbiana. «Los kenianos son homófobos. No les gustamos en absoluto, te lo prometo», subraya.

«Me cogieron con mi novia y nos pegaron, nos hicieron de todo», recuerda sobre el día que dejó de hablarse con su familia. Sus padres no saben que cruzó la frontera a Kenia y que hoy duerme al raso frente a ACNUR; su novia tampoco. «Yo solo corrí. Cuando te están pegando, acosando, te quieren matar, solo corres», rememora.

Una gran parte de los casi 200 refugiados LGTBI contabilizados por ACNUR en el campamento de Kakuma proceden de Uganda, donde una ley contra la homosexualidad firmada por el presidente Yoweri Museveni en 2014, e invalidada meses después por el Constitucional, penaba con la cadena perpetua las relaciones homosexuales.

Por ello, muchos empezaron a ver en Kenia una especie de salvavidas, donde la ley colonial que establece penas de hasta 14 años de prisión raramente se aplica y que, además, el próximo día 24 podría convertirse en el nuevo frente pro-LGTBI de África, si finalmente el Tribunal Superior de Nairobi despenaliza estos actos.

«TAMBIÉN SOMOS PERSONAS»

Lejos de la farragosa burocracia, el rechazo social y las leyes centenarias que tildan las relaciones homosexuales como actos contra natura, estos solicitantes de asilo y refugiados LGTBI solo quieren recibir un trato equitativo, pues como repiten hasta la saciedad, lo que ellos sienten es tan natural como lo que siente un heterosexual.

«Todos te dicen que eres un niño, pero a medida que vas creciendo te vas dando cuenta de que no eres quien dicen. Tu yo interior es femenino. Te gustan los vestidos, te gusta tu ser femenino y no el masculino», explica Red, quien reconoce que a lo largo de su vida ha intentado suicidarse en tres ocasiones, en momentos en los que muchos de sus amigos LGTBI estaban presos en Uganda.

Para Namwaya, tanto el Gobierno keniano como ACNUR han fracasado de forma significativa, pues ni el primero ha sido «amigable a la hora de apoyar a la comunidad refugiada en Kenia, no solo LGTBI, sino refugiada», mientras el segundo se ha mostrado «insensible» a las preocupaciones de esta comunidad dentro y fuera de los campamentos.

«En lugar de darme 6.000 chelines (unos 53 euros que ACNUR les entrega como ayuda para el pago de un alquiler), que me lleven a un sitio que sea seguro», urge Nakakande, que puntualiza: «Aunque (seamos) refugiados, también somos personas. Tenemos sangre roja en nuestras venas, así que, al menos, que nos traten como seres humanos».

«Me gustaría ir a cualquier país que sea más seguro y que respete a los trans», continúa Red, pese a que no consigue mencionar ninguno en concreto. «Solo he oído que en América matan a muchos», dice.

Subida en sus tacones de leopardo falso afirma dos cosas: que ama su vida y que confía en Dios para que un día cambie su suerte y pueda vivir como una mujer plena.

«Jesús -medita- no condena a ninguna persona gay o transgénero. Él estuvo aquí para salvarnos a todos».

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