Bangkok. EFE. El Parlamento de Malasia revocó este miércoles una polémica ley contra las noticias falsas que había entrado en vigor el año pasado y había sido criticada como un instrumento de censura por activistas.

«Si se analiza cuidadosamente la ley, contiene elementos que son draconianos y se prestan a abusos», declaró el viceministro de la Oficina del Primer Ministro, Mohamed Hanipa, según recogió la agencia estatal Bernama.

La ley, que castigaba con penas de hasta seis años de cárcel la difusión de bulos, fue aprobada en abril del año pasado, durante el mandato del anterior primer ministro, Najib Razak, un mes antes de las elecciones que perdió y supusieron el final de la larga hegemonía del Barisan Nasional (BN, Frente Nacional).

Los detractores de la ley argumentaban que Najib la había sacado adelante con la intención de influir en el resultado de los comicios, cuando estaba envuelto en un escándalo de corrupción por desviar cientos de millones de dólares de fondos públicos en cuyo juicio figura como uno de los imputados.

El gobierno liderado por el veterano político Mahathir Mohamed, que reemplazó a Najib se opuso a la ley desde el principio, alegando que otras leyes la hacían redundante.

«Durante la administración del BN, una persona fue acusada y condenada por un tribunal, pero con el actual gobierno esta ley no se ha utilizado contra nadie», dijo Hanipa.

El gobernante Parakan Harapan (PH, Pacto por la Esperanza), que cuenta con la mayoría de los escaños en la Cámara Baja, ya trató de revocar la ley el año pasado, pero el intento fracasó cuando la oposición, que domina la Cámara Alta del Parlamento, bloqueó la propuesta.

Sin embargo, la ley malasia prescribe que el Senado sólo puede bloquear cada ley en una sola ocasión y, por tanto, ahora carece de la capacidad para impedir que desaparezca la norma que penaliza los bulos.

El Parlamento del vecino Singapur aprobó en mayo un proyecto de ley que penalizará la difusión de noticias falsas a través de internet con penas de hasta diez años de cárcel, pese a las críticas de opositores y activistas.

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