Santo Domingo. Los miembros de la Cámara de Cuentas entraron de forma determinante entre los investigados por corrupción administrativa, tras la afirmación del ministerio público de que habrían alterado auditorías para favorecer que exfuncionarios encubrieran acciones fraudulentas contra el erario.

Un comunicado de la Procuraduría General de la República expresa que sus fiscales han detectado “indicios que comprometen la responsabilidad penal de la Cámara de Cuentas en delitos de corrupción administrativa, por lo que decidió ampliar las investigaciones que por obstrucción de la justicia inició contra sus actuales integrantes”.

Agrega el comunicado que las indagatorias contra la Cámara de Cuentas, que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez, “apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos”

Especifica que las investigaciones “han establecido que en la Cámara de Cuentas se alteraron múltiples auditorías para beneficiar a exfuncionarios de dependencias oficiales que eran examinadas.

Las investigaciones que lideran la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigidas por los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, abarcan a todos los integrantes de la Cámara de Cuentas.

También a funcionarios de otras áreas de esa institución fiscalizadora del uso de los fondos públicos, como la Consultoría Jurídica y la Dirección de Auditoría.

La Pepca, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se encuentra inmersa en múltiples investigaciones referentes a denuncias y querellas sobre irregularidades en distintas instituciones de la administración pública.

Los fiscales han remitido reiteradas comunicaciones en las que solicitan información a la Cámara de Cuentas. Sin embargo, sus miembros han respondido con evasivas, “teniendo además el Ministerio Público evidencias de que los mismos han incurrido en manejos irregulares, para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las indagatorias”, apuntó la Procuraduría.

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