Santo Domingo. La procuraduría General de la República (PGR) rechazó que el procurador general, Jean Alain Rodríguez, haya puesto en marcha un plan para supuestamente secuestrar el Ministerio Público con fines partidarios como denunció este viernes el movimiento cívico Participación Ciudadana.
Asimismo, pidió a esa organización mostrar las pruebas de que el procurador haya solicitado a algún miembro del Ministerio Público su renuncia, de forma verbal o escrita.
De igual forma, solicitó a Participación Ciudadana hacer a un lado los intereses políticos y respetar el ordenamiento jurídico que rige el accionar de los miembros de esta institución (Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11), la cual establece en su artículo 25 el principio de apoliticidad, que el Ministerio Público ejerce sus funciones sin consideraciones de índole político partidaria.
Reiteró por igual que la realización del concurso se apega a la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, la cual manda a concursar las plazas vencidas y las plazas puestas a disposición de sus titulares, que en este caso han solicitado ascensos, y las que están en condición de interinato.
“Estos concursos se realizan para esta misma fecha porque coinciden con el calendario de designación, y que hay más de cien (100) plazas que no están siendo concursadas porque no se han vencido o son de designación administrativa, y reitera que las que se están concursando, en más de un de un 80% están vencidas, y en el resto sus titulares han solicitado ascensos o movimientos”, indica el documento.
El órgano judicial llamó la atención de que el movimiento cívico no partidista ha estado demandando el cumplimiento de la ley en el sentido de que sea concursada la Procuraduría Especializada para los Delitos Electorales, pero, para las que están vencidas y que la ley ordena sean concursadas, no actúa de igual manera.
El documento cita algunas de las plazas a concursar, las que ya vencieron, así como otras titularidades aprobadas para concurso, incluyendo la recién creada Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos Electorales.
“El órgano del sistema de justicia señaló que el Consejo Superior del Ministerio Público está obligado a colocar en esas plazas a fiscales de carrera, y que la institución en vez designarlo por resolución, ha preferido abrir un concurso como lo estipula la ley, en el cual a la fecha han presentado más de 100 propuestas, todas de postulantes miembros de la carrera del Ministerio Público.
