Santo Domingo. El contralor general de la República, Geraldo Espinosa, exhortó a las instituciones públicas a fortalecer sus mecanismos de control interno y garantizar que todas las operaciones relacionadas con recursos del Estado se ejecuten conforme a las normativas vigentes, con el propósito de prevenir irregularidades y evitar la intervención de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República.
Durante su participación en el foro “Fortaleciendo la Gobernanza para una Gestión Íntegra y Transparente”, organizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Espinosa advirtió que las entidades deben reforzar sus procesos de contratación, pagos, transferencias y demás operaciones financieras para reducir riesgos y asegurar una gestión transparente.
“Traten por todos los medios de que los profesionales de la Unidad Antifraude de la Contraloría no hagan descenso en sus instituciones”, expresó el funcionario al explicar que dicha unidad desarrolla labores de control preventivo y auditorías forenses cuando existen indicios de posibles irregularidades que requieren investigaciones especializadas.
El contralor destacó que el fortalecimiento de la Unidad Antifraude ha incrementado la capacidad del Estado para detectar operaciones que puedan afectar el patrimonio público, al tiempo que recordó que varias investigaciones realizadas mediante estos mecanismos han derivado en procesos que actualmente se encuentran en la jurisdicción judicial.
Como parte de las herramientas para promover la transparencia, Espinosa resaltó la creación de “Alerta Segura CGR”, un canal habilitado por la Contraloría para que ciudadanos denuncien posibles irregularidades en procesos de compras públicas o en la ejecución de recursos estatales.
Expansión del control interno
El titular de la Contraloría señaló que uno de los principales retos de su gestión ha sido ampliar la cobertura del Sistema Nacional de Control Interno. En ese sentido, informó que el número de Unidades de Auditoría Interna (UAI) aumentó de 197 a 313, fortaleciendo la presencia permanente de auditores encargados de supervisar el cumplimiento de las normas dentro de las instituciones públicas.
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No obstante, sostuvo que el fortalecimiento de los controles no debe traducirse en retrasos para proveedores y contratistas del Estado.
Espinosa afirmó que prácticas como la retención injustificada de facturas en las unidades ejecutoras o en las áreas financieras deben desaparecer, con el objetivo de garantizar pagos oportunos sin sacrificar los mecanismos de fiscalización.
Digitalización de los procesos
En materia de modernización, el contralor destacó la implementación de la firma digital mediante una resolución suscrita junto al Ministerio de Hacienda y Economía y el Ministerio de Administración Pública.
La medida permitirá que ministros, directores generales y otros funcionarios autoricen libramientos y medios de pago desde dispositivos electrónicos, sin importar el lugar donde se encuentren, agilizando los procesos administrativos y fortaleciendo la eficiencia en la gestión pública.
El panel también contó con la participación de Andreinys Guerrero, encargada de Investigaciones de la Unidad Antifraude de la Contraloría, y César Thomas, director financiero de esa dependencia.
Entre los asistentes estuvieron la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel; y el director general de la Unidad Antifraude de la Contraloría, Leónidas Radhamés Peña, junto a representantes de diversas instituciones del Estado.
