Santo Domingo. República Dominicana atraviesa un momento decisivo en la defensa de su patrimonio natural. La Humeadora, uno de los principales reservorios de agua del país, es apenas un ejemplo de una problemática que se extiende a distintos puntos del territorio nacional.
Mientras el discurso oficial insiste en la importancia de la sostenibilidad, la realidad muestra que las áreas protegidas continúan bajo una presión constante por actividades que amenazan su equilibrio ecológico.
Existe gente que se resiste a entender que las áreas protegidas no son terrenos disponibles para intereses particulares ni espacios que puedan sacrificarse en nombre del desarrollo económico. Son ecosistemas estratégicos que garantizan la producción de agua, regulan el clima, protegen la biodiversidad y sostienen la calidad de vida de millones de dominicanos.
Cada árbol derribado representa la desaparición de un hogar para innumerables especies, la reducción de la capacidad de captación de agua y un paso más hacia la degradación de cuencas hidrográficas fundamentales.
Cada intervención ilegal en un bosque protegido debilita la resiliencia del país frente al cambio climático y compromete el bienestar de las futuras generaciones.
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Resulta preocupante que, pese a la existencia de un marco legal para la protección ambiental, continúen registrándose acciones que ponen en riesgo zonas de alto valor ecológico.
La vigilancia insuficiente, la débil aplicación de las sanciones y la presión de intereses económicos han permitido que espacios cuya conservación debería ser incuestionable permanezcan vulnerables.
El Parque Nacional Montaña La Humeadora, como otras áreas protegidas dominicanas, constituye un patrimonio natural insustituible. Defenderla no es una causa exclusiva de ambientalistas o científicos; es una responsabilidad nacional.
De estos bosques depende el abastecimiento de agua de numerosas comunidades y la conservación de una biodiversidad única en el Caribe.
La protección del medio ambiente más que declaraciones de buenas intenciones, exige decisiones firmes, aplicación rigurosa de las leyes, fortalecimiento de los organismos de fiscalización y una ciudadanía vigilante que no permanezca indiferente ante la destrucción de su patrimonio natural.
Destruir un bosque protegido significa hipotecar el futuro, preservarlo es garantizar vida; agua y esperanza para las generaciones presentes y venideras.
Hoy más que nunca, República Dominicana necesita convertir la defensa de sus áreas protegidas en una prioridad nacional. La Humeadora merece protección efectiva, pero también la merecen todos los parques nacionales, reservas científicas y monumentos naturales que conforman la riqueza ambiental del país.
