Santo Domingo. El Gobierno dominicano busca cerrar, antes del próximo 3 de agosto, la adecuación del nuevo Código Penal, una legislación llamada a redefinir el sistema de justicia penal del país, pero que ha despertado fuertes cuestionamientos por el alcance de algunos de sus artículos y sus posibles efectos sobre derechos fundamentales.
Durante una entrevista concedida al Grupo de Medios Corripio, el presidente Luis Abinader confirmó que el Poder Ejecutivo impulsa un conjunto de modificaciones consensuadas con distintos sectores nacionales para que sean aprobadas antes de que concluya el período de vacatio legis, establecido precisamente para corregir posibles inconsistencias antes de la entrada en vigor de la norma.
El mandatario explicó que el Código, cuya aprobación tomó cerca de quince años de debates legislativos, fue promulgado con un año de espera antes de su aplicación, un mecanismo que permitía introducir correcciones sin alterar el proceso legislativo ya concluido. En ese contexto, reconoció que tanto el Gobierno como la sociedad civil demoraron más de lo conveniente en revisar el texto.
«En eso hacemos mea culpa», admitió el presidente, al considerar que la revisión debió iniciarse poco después de la promulgación y no cuando restan pocas semanas para su implementación.
Aunque el nuevo Código Penal incorpora endurecimiento de penas contra la delincuencia organizada, la corrupción administrativa y otros delitos de alto impacto, el aspecto que mayor preocupación ha generado entre periodistas, juristas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos es el relacionado con la libertad de expresión.
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Las observaciones se concentran en disposiciones que, según diversos sectores, podrían abrir espacio a restricciones sobre la difusión de informaciones, opiniones y denuncias de interés público, situación que ha llevado a algunos críticos a calificar determinados artículos como una posible «ley mordaza».
Frente a esas preocupaciones, Abinader aseguró que existe consenso para modificar los artículos vinculados a la expresión y difusión del pensamiento, insistiendo en que el objetivo es proteger simultáneamente el derecho a la libre expresión y el derecho al honor.
El gobernante rechazó que exista intención de limitar el debate democrático y recordó que durante su gestión se impulsó una reforma constitucional destinada a impedir la permanencia indefinida en el poder, argumento que utilizó para sostener su compromiso con las instituciones democráticas.
Desde una perspectiva sociológica, el debate trasciende el contenido técnico del Código Penal. La discusión enfrenta dos valores esenciales en toda democracia contemporánea: la protección de la reputación de las personas y la preservación del derecho ciudadano a investigar, denunciar, informar y cuestionar el ejercicio del poder.
Para amplios sectores de la sociedad, las normas que regulan la expresión pública adquieren especial relevancia en un contexto marcado por el crecimiento de las redes sociales, la circulación acelerada de información y el incremento de campañas de desinformación, factores que obligan al Estado a buscar mecanismos legales que no terminen afectando las garantías constitucionales.
Abinader reconoció que él mismo y su familia son objeto frecuente de ataques y calumnias en plataformas digitales, aunque afirmó que prefiere soportar esas situaciones antes que promover restricciones que puedan afectar el ejercicio de las libertades públicas.
Incluso sostuvo que muchas de las críticas recibidas han servido para detectar problemas de gestión y casos de corrupción, por lo que defendió el valor de la fiscalización ciudadana.
Otros cambios con impacto ciudadano
El Presidente indicó que las modificaciones no se limitan a los temas de libertad de expresión. Explicó que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo identificó otros aspectos técnicos y de contenido que también requieren ajustes, razón por la cual el Congreso mantiene abierto un espacio para recibir propuestas adicionales de distintos sectores antes de la aprobación definitiva.
Más allá de esta discusión, el mandatario también abordó asuntos económicos de interés nacional. Ratificó que no impulsará una reforma fiscal integral durante su actual gestión, argumentando que las condiciones económicas internacionales aún no resultan favorables.
Asimismo, defendió las medidas tributarias adoptadas por el Gobierno, entre ellas la eliminación del anticipo mensual para pequeñas y medianas empresas, la reducción del impuesto sucesoral del 27 % al 3 % y la eliminación de gravámenes sobre nuevas empresas y determinados seguros.
Respecto al precio de los combustibles, explicó que el subsidio estatal previsto para este año se agotó en mayo debido al comportamiento del mercado internacional y anunció que el Gobierno divulgará la fórmula utilizada para calcular los precios internos, con el propósito de ofrecer mayor transparencia a la población.
Un Código Penal que aún busca consenso
La recta final del proceso legislativo evidencia que, aunque el país logró aprobar un Código Penal después de más de una década de discusiones, la construcción de consensos continúa siendo indispensable para garantizar que una legislación de esta magnitud responda tanto a las necesidades de seguridad ciudadana como a la protección de los derechos fundamentales.
Las próximas semanas serán determinantes para establecer si las modificaciones logran disminuir las preocupaciones expresadas por periodistas, juristas, organizaciones sociales y diversos sectores ciudadanos, antes de que el nuevo Código Penal comience formalmente a regir el próximo 3 de agosto.
