Santo Domingo. La Junta Central Electoral (JCE) expresó su satisfacción ante la sentencia condenatoria dictada contra cuatro miembros de una red criminal dedicada a la falsificación de documentos públicos y privados, entre ellos cédulas de identidad, actas de nacimiento, pasaportes y carnets oficiales, quienes operaban en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Barahona.
Las penas, impuestas por la jueza Fátima Cruz Estrella, del Departamento Judicial de Barahona, incluyen condenas de 6 y 3 años de prisión, luego de que el Ministerio Público solicitara un Procedimiento Penal Abreviado con el fin de agilizar el proceso judicial.
La investigación que condujo al desmantelamiento de la red fue iniciada en enero del pasado año por el Ministerio Público adscrito a la JCE, en coordinación con la Dirección de Seguridad de la JCE y la Dirección de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Policía Nacional. El caso se originó tras el arresto de varios extranjeros que portaban documentos falsos obtenidos mediante pagos ilegales.
Condenados y sentencias
Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos fueron condenados a 6 años de prisión, a cumplir en el CCR Baní Mujeres y el CPL de Barahona, respectivamente. La jueza dispuso la suspensión condicional de los últimos cinco años de la pena.
Yonel Raphael y Andys Hernández Rivera, este último empleado de la JCE, fueron sentenciados a 3 años de prisión, con suspensión condicional de los últimos dos años y dos meses, en el caso de Hernández Rivera. Este también deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios mínimos.
Como parte de la suspensión de la pena, a los condenados se les impusieron condiciones como mantener residencia fija, abstenerse del porte de armas, evitar el consumo excesivo de alcohol, mantener buena conducta social y someterse a la vigilancia del juez de Ejecución de la Pena de Barahona.
La investigación reveló que el grupo se dedicaba a la falsificación de cédulas, actas, pasaportes, licencias de conducir y carnets oficiales de instituciones como la DNCD, DNI, Ejército de la República Dominicana y universidades, como Unicaribe.
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Asimismo, falsificaban visas de múltiples países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Ecuador, Haití, Bahamas, Países Bajos, entre otros, facilitando identidades falsas a ciudadanos haitianos y dominicanos, por montos que oscilaban entre RD$70 mil y RD$100 mil.
Los hechos están sancionados por diversos artículos del Código Penal Dominicano, así como por la Ley 172-13 sobre Protección de Datos, la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología y la Ley 4-23 sobre los Actos del Estado Civil.
La JCE reiteró su compromiso de continuar trabajando junto al Ministerio Público en la detección y persecución de toda actividad delictiva que atente contra la identidad y el registro civil de los ciudadanos.
“Esta condena representa un paso firme en la protección del sistema de identidad nacional y en la garantía de la integridad de los documentos públicos”, expresó la institución en un comunicado.
