Santo Domingo. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ordenó la detención inmediata de todas las actividades vinculadas al proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan, en una decisión que marca un giro político en torno a una de las iniciativas extractivas más controvertidas de los últimos años.
En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario defendió la medida como una muestra del compromiso de su administración con la participación ciudadana y la transparencia institucional. “Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, afirmó.
La decisión, según explicó el jefe de Estado, se sustenta en lo establecido por la Ley 64-00 de Medio Ambiente, que regula la gestión ambiental en el país.
De acuerdo con esta normativa, un proyecto de alto impacto no puede avanzar si enfrenta un rechazo social amplio y sostenido.
El proyecto Romero no es una iniciativa reciente. Sus antecedentes se remontan a concesiones de exploración otorgadas en 2005 y reafirmadas en 2010. Posteriormente, entre 2015 y 2018, se autorizaron estudios técnicos que permitieron delimitar su alcance.
Sin embargo, durante la actual gestión gubernamental, el proyecto se encontraba exclusivamente en fase de evaluación ambiental, sin contar con autorización para su explotación.
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“Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro”, subrayó Abinader, en lo que analistas interpretan como una señal de alineamiento con sectores sociales y ambientales que se habían movilizado en contra del desarrollo minero en la zona.
La suspensión del proyecto abre un nuevo capítulo en el debate sobre el modelo de desarrollo económico en la región sur del país, donde convergen intereses mineros, preocupaciones ambientales y demandas comunitarias.
