Santo Domingo. El Ministerio Público puso en marcha la llamada Operación Cobra, con la que inicia un proceso de judicialización destinado a imponer sanciones penales y lograr el decomiso de los fondos sustraídos del patrimonio público mediante un presunto entramado de corrupción que operó desde el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Como resultado de la operación fue arrestado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo del SeNaSa, junto a otras siete personas acusadas de defraudar por miles de millones de pesos a la administradora de riesgos de salud (ARS) estatal. Las autoridades informaron que varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación, con el objetivo de ser sometidas a la justicia conforme avancen las indagatorias.
Las acciones fueron ejecutadas por un equipo de 25 fiscales, con el apoyo de más de 200 agentes de la Policía Nacional, quienes practicaron 12 allanamientos que culminaron con el arresto, además, de Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Al grupo se le imputan, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, en el marco de un supuesto esquema de corrupción estructural.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el Ministerio Público está haciendo grandes esfuerzos para que quienes atentaron contra la salud de la población, afectando de manera especial a los sectores más vulnerables, enfrenten las consecuencias penales correspondientes y devuelvan al Estado cada peso sustraído.
Reynoso recordó que SeNaSa es un bien colectivo que pertenece a todos los ciudadanos, por lo que su defraudación constituye una grave afectación al derecho constitucional a la salud.
“El Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable en la lucha contra la corrupción. Aquellos que han atentado contra la salud de la población tendrán que responder por sus hechos criminales”, sostuvo la magistrada, al garantizar que la Operación Cobra llegará “hasta las últimas consecuencias”.
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De acuerdo con el órgano acusador, las investigaciones han permitido identificar sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros, creación de programas especiales sin sustento jurídico para desviar fondos y diversas maniobras fraudulentas.
El Ministerio Público sostiene que se trata de un esquema de corrupción sistemático encabezado por el entonces director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de la institución y con la participación de prestadores de servicios de salud.
