Santo Domingo. El Ministerio Público solicitó la noche del miércoles prisión preventiva, como medida de coerción, contra diez personas, entre militares y civiles,acusadas de formar parte de una red de corrupción administrativa desmantelada mediante la denominada Operación Lobo.
Esta estructura, según las autoridades, utilizaba el pago de sobornos para asegurar contratos de seguridad privada en diversas instituciones públicas.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo de fiscales que depositó la solicitud ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Ortiz enfatizó que el proceso apenas comienza y advirtió que pueden esperarse más arrestos e imputaciones.
“Con la Operación Lobo, el Ministerio Público ha desarticulado una estructura criminal que operaba desde el ámbito de las contrataciones públicas en empresas estatales del área de seguridad privada”, explicó Ortiz.
La funcionaria reveló que, hasta el momento, se ha identificado una suma pagada en sobornos que supera los 100 millones de pesos y que se han recopilado más de 500 pruebas para sustentar la acusación en esta primera fase del proceso.
El Ministerio Público también solicitó que el caso sea declarado complejo, debido a la magnitud del entramado de corrupción, que afectó instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las tres empresas distribuidoras de electricidad: EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
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Los imputados, según el expediente, violaron la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, afectando la libre competencia y desviando recursos destinados a sectores vulnerables.
Entre los acusados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz, y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Ortiz aseguró que todos los involucrados en la red serán llevados ante la justicia: “Todo el que esté implicado será sometido. Esto apenas comienza”, reiteró, al tiempo que anunció que se abre ahora una fase intensiva de investigación.
