El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y el Grupo Ecologista Tinglar, le hicieron un llamado a la Procuraduría General de la República, por la construcción de la nueva cárcel de La Victoria en el municipio San Antonio de Guerra, la que, alegan, viola los derechos humanos y ambientales de los moradores del lugar, por la forma como se quiere desarrollar el proyecto.
Apuntaron los ambientalistas que si esa cárcel se construye en la Ceiba, Parra del municipio de Guerra, el impacto al medio ambiente y a los recursos naturales será considerable y permanente, toda vez que impactará la laguna la Ceiba, cuerpo de agua que tiene una extensión de miles de metros cuadrados, pero además se interconecta con un complejo de pequeñas cuerpos lacustre de donde se alimenta el río Brujuelas y la mayoría de pozos que nutren el sistema hídrico de la provincia Santo Domingo.
Las entidades ambientalistas deploraron el hecho de que la Procuraduría ya tenga Bulldózer y letreros en el lugar y no se ha realizado un estudio de impacto ambiental para determinar el daño que se le podría causar a la biodiversidad, al agua, al suelo, al aire y a las comunidades que residen próximo a la laguna y que viven de ese complejo lacustre.
Lamentan que siendo la Procuraduría la llamada a hacer cumplir la ley ambiental, la viole, como los artículos 9, 12, 38 y 41 de la ley 64-00, que establecen la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental previo a construcción de esa naturaleza como una cárcel de casi 10 mil reos o internos, puntualizaron.
